Antropología

Antonio Miguel Nogés

09 marzo

Con Bolonia o sin Bolonia la Universidad necesita cambios urgentes y drásticos. Y porque son drásticos es necesario que todos, en calidad de ciudadanos (votantes y contribuyentes) sepamos lo mucho que está en juego. El llamado “Plan de Bolonia”, así se conoce al proceso de armonización de la enseñanza universitaria en Europa, va a afectar de manera muy directa a todo el mundo: desde albañiles, limpiadores, maestras, taxistas, militares, ingenieras y representantes de comercio, hasta agentes inmobiliarios, escayolistas, marineros, abogadas y peones, pasando por mecánicas, arquitectos, conductoras de autobús, policías municipales y nacionales, enfermeras, economistas y auxiliares administrativos.

Es un error creer que Bolonia afectará sólo a la comunidad universitaria, sea en la oferta de carreras para estudiar, o en la carrera académica de los docentes. Muy al contrario, la “reconversión” de Bolonia afectará a todos y cada uno de los que constituimos la sociedad, de igual manera que han afectado las distintas modalidades de reconversión llevadas a cabo con anterioridad en otros sectores. En los años ochenta las primeras “reconvertidas” fueron aquellas empresas estatales de la industria pesada (por ejemplo, astilleros, minería y altos hornos) que mostraban unas cuentas de resultados en las que los costes de producción (sobre todo, de mano de obra) las hacía poco rentables en el libre mercado. En la década de los noventa, aunque por otros motivos, fueron las empresas de sectores estratégicos como las telecomunicaciones o la energía (por ejemplo, telefónica o repsol) las que, en un proceso de convergencia con el euro, se “reconvirtieron”. Con el nuevo siglo, las multinacionales grandes y pequeñas de sectores como por ejemplo, el automóvil, las nuevas tecnologías o los textiles y calzados se siguieron “reconvirtiendo” y re-localizaron su producción hacia países emergentes. Es durante esta primera década del XXI, y sobre todo a partir de 2010, cuando presenciaremos la “reconversión” de la enseñanza universitaria y, con bastante probabilidad, también la de la sanidad.

Al igual que ocurrió en astilleros en los años ochenta, en telefónica en los noventa, o en las fábricas de automóviles en esta década, en la Universidad también sobra mucha gente. Aquellas “suspensiones de pago” se llaman hoy “expedientes de regulación de empleo” (ERE), pero la justificación siempre es la misma: los bajos índices de productividad empresarial (o sea, la disminución de los “rendimientos del capital” o beneficios empresariales) o la privatización de antiguos monopolios estatales, hicieron imprescindible la reforma de aquellas empresas. En la Universidad también ocurre lo mismo.

La Universidad ya no es rentable: una constante necesidad de inversión en renovar de los materiales e infraestructuras docentes e investigadoras (laboratorios, aulas, libros, ordenadores, despachos, licencias de programas informáticos…), un elevado coste de su mano de obra (personal docente e investigador, y de administriación y servicios), y unos mínimos índices de productividad en el plano académico. Esta productividad medida, sobre todo, en el alarmante descenso del número de matriculados, una empleabilidad de baja calidad entre los egresados (contratos basura y/o “mileuristas”), poquísimas patentes de investigación y una producción científica de relevancia algo menos que escasa, hace que cualquier desembolso en mejorar las medios materiales o las condiciones salariales sea considerado un “gasto” en vez de una inversión. Por estas razones la Universidad española necesita urgentemente una reforma radical, esto es, una reforma que vaya a la raíz del problema. Cualquier atajo no servirá para nada.

Sin embargo las tres recetas clásicas del neo-liberalismo (privatización, reducción de plantilla, y relocalización de la producción) son de difícil aplicación a la enseñanza universitaria europea. Primero, la universidad no se puede privatizar de manera expeditiva porque esto acarrería demasiados problemas políticos, e incluso es posible que hasta alguna revuelta estudiantil; además, en el plano ideológico, una rápida privatización de la universidad supondría un retroceso que, en teoría, debería de ser difícilmente aceptable para una buena parte de la sociedad europea. En segundo lugar, al menos en el caso de España, la reducción de plantilla tampoco es factible en el corto plazo porque el clientelismo ha sobredimensionado muchas áreas de conocimiento (departamentos) hasta más allá de lo absurdo; lo que hace muy difícil que ahora se pueda “reconvertir” de la noche a la mañana sin dinamitar las relaciones personales ya comprometidas. Tercero, la universidad tampoco se puede re-localizar, porque si en España está claro que no podemos competir en sectores productivos (y para muestra el botón de esta crisis), lo único que falta es que, además, trasladásemos la posibilidad de competir en la producción de conocimiento. Y cuarto, en vista de los recortes que la austeridad presupuestaria neoliberal impone sobre el llamado “gasto” social, la universidad no puede pretender que, a la vista de lo conseguido, se le mantenga una cuantía como si fuera una inversión a fondo perdido.

¿Cómo solventar pues ese saco sin fondo en el que se ha convertido una universidad española que, según las cifras, cada curso tiene menos estudiantes; que no es capaz de ofrecer respuesta a las “necesidades y demandas de la sociedad”; que está mohosa desde la cabeza a los pies por uno de los sistemas de reclutamiento más nepotistas que aún existen y que, por esta causa, su absoluta mediocridad no la hace precisamente lo que se dice, un semillero de premios nobel en materias otras que literatura?

Dado que de momento ni la reducción de plantilla es factible, ni la privatización aceptable, ni la relocalización aconsejable, no parece que haya otra solución que buscar una alternativa al modelo de financiación tradicional basada únicamente en fondos públicos. Y esto, no otra cosa, es la reforma de Bolonia. Las constantes referencias a la calidad de la enseñanza, a la movilidad de los estudiantes, a la convergencia con el modelo europeo de educación superior, a la equivalencia en los grados y los posgrados, a la desaparición de las diplomaturas y las licenciaturas, a una modernización de los sistemas de enseñanza y de los modelos docentes, en la adaptación a los créditos europeos (ECTS) o a la elaboración de nuevos planes de estudio, no son sino los árboles que atraen la mirada y los discursos de los distraidos tertulianos, y que nos sustraen del verdadero problema sobre el que habría que debatir en las asambles estudiantiles, en los medios de comunicación, en los foros académicos y, sobre todo, en el parlamento: encontrar las medidas y cauces necesarios para mejorar e incrementar la financiacion pública o, en su defecto, para incentivar y facilitar la entrada del sector privado en el sostenimiento de nuestro sistema de universidad pública sin que aquél lo fagocite.

De ahí que, como el aumento de los fondos públicos está descartado, sea vital, en el sentido más estricto del término, encontrar fórmulas que promuevan el acercamiento entre universidad y su entorno socio-económico más inmediato. Cualquiera de las fórmulas elegidas deberá asegurar, en virtud del principio de reciprocidad, que el beneficio sea mutuo: la universidad aporta su capital simbólico y sus potencialidades económicas, atrayendo población juvenil a las ciudades, reactivando el consumo y revitalizando los servicios auxiliares, prestigiando la agenda cultural, internacionalizando la localidad, mejorando la oferta educativa, etc. Por su parte, el tejido socio-empresarial inyecta, en forma de convenios y contratos, el capital necesario para incentivar la potencialidad investigadora del personal universitario y, por tanto, coadyuvar al mantenimiento de toda la infraestructura docente y administrativa necesaria para proseguir con la labor educativa. Esta comunicación entre universidad y empresa será más fluida cuanto más capital y más transferencia tecnológica (sea en forma de estudios, informes, prototipos, investigaciones aplicadas o clientes de banca) circulen por ella en uno y otro sentido. Hasta aquí todo parece estar claro.

Sin embargo, parece lógico, que el capital, entonces, ajuste algunas condiciones y exija que se aclaren algunos puntos importantes. La primera y más importante condición es la definición estratégica del papel de la Universidad. De acuerdo con el modelo hegemónico de sociedad, la pregunta se formula en los siguientes términos: ¿cuál es la función última que debe desempeñar la universidad en la sociedad actual? Como no existe una única respuesta, la que cada uno ofrece depende de la posición ideológica desde la que piense. Así, del universo de respuestas posibles, la que de momento se consolida como única válida es la que afirma que la función última de la universidad es la de formar profesionales que se adapten a las siempre cambiantes circunstancias de un mercado laboral globalizado y con una fuerte tendencia a la precariedad e inestabilidad. Un mercado que es, a la vez, el actor que define y produce necesidades, y, también, el único medio a través del cual se puede encontrar satisfacción a las mismas.

En consonancia con esta función, la universidad debe retornar a la sociedad en forma de estudiantes cualificados, lo que de ella ha tomado en forma de inversión para recursos humanos, y materiales e infraestructuras docentes e investigadoras. Así, privilegiando la formación de los estudiantes en competencias (habilidades, aptitudes y conocimientos) en vez de solamente en conocimientos como antaño, se mejorará la versatilidad de los futuros trabajadores y, por tanto, se incrementará sus posibilidades para encontrar sucesivos empleo a lo largo de su vida laboral. Por ello, la versatilidad, que deberá ser tanto de carácter profesional como de índole geográfica, es la principal característica laboral que demanda la situación de esta modalidad de mercado global.

La segunda condición hace referencia a cómo se va a conseguir lo anterior. Siguiendo las pautas marcadas por los nuevos tiempos, la financiación de la universidad no puede seguir siendo un pozo sin fondo y, por tanto, al igual que el resto de empresas y trabajadores, la universidad y los profesores también deben rendir cuentas. En vista de esto, y dada la continua merma en los recursos financieros que el modelo neo-liberal destina a los fundamentos de una sociedad (educación y sanidad), el nuevo sistema de financiación contempla que las universidades tengan que competir entre ellas por la obtención de recursos publicos y privados en el marco de un modelo que, en una sociedad democrática, debe ser transparente y, de acuerdo con la filosofía empresarial vigente, estar también en función de unos objetivos cuantificables y contrastables. El salario por objetivos es una de las características que definen a las empresas innovadoras y competitivas en las que los estudiantes universitarios de hoy y trabajadores cualificados de mañana, tendrán que desarrollar su labor profesional. Bueno es pues, que la universidad, en tanto que empresa, pase a regirse por los principios de la competitividad, la innovación y la financiación por objetivos, los profesores (funcionarios y laborales) de acuerdo con modalidades retributivas más plurales, y los estudiantes a labrarse su futuro financiándose sus propios estudios .

Derivado necesariamente de las dos condiciones anteriores, aparecen aspectos técnicos y académicos de menor importancia. Por un lado está la modernización de los procesos de gestión y administración mediante la aplicación de modelos protocolizados de calidad. Y por otro, la elaboración de nuevos planes de grado y posgrado que, al contar solo con los recursos ya disponibles, no hacen sino servir indefectiblemente para perpetuar el viejo sistema clientelar de reproducción académica que tiene sumida a buena parte de la universidad española en la mediocridad.

En definitiva, hay que huir de los lugares comunes que redireccionan el debate hacia la grandilocuencia de términos vacios como “calidad y mejora de la enseñanza”, “movilidad estudiantil” (que no movilización) o “convergencia con Europa”. La reconversión de Bolonia no es una adaptación curricular, es un proceso para adaptar las estructuras universitarias a la nueva definición de cuál es la función última de la universidad; realizada ésta en virtud de un modelo de financiación que viene marcado desde la economía política del entramado neo-liberal.

Hasta aquí el relato de los hechos. Desde aquí, la obligación de “pensar contra las ideas” (que diría Agustín García Calvo), formular preguntas incisivas y proponer alternativas que, aunque no detengan el proceso, sí lo contaminen un poco.

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